La gestión de una empresa en crisis exige distinguir con precisión entre dificultad financiera, riesgo de insolvencia y necesidad de acudir a mecanismos concursales. El marco jurídico ofrece distintas herramientas para actuar antes de que la situación sea irreversible, desde los planes de reestructuración hasta los procedimientos específicos para microempresas.

Comprender cuándo aplicar cada instrumento resulta clave para proteger la viabilidad, ordenar las negociaciones y tomar decisiones responsables.

1. La gravedad de la crisis como punto de partida.

El análisis comienza con una idea central: no todas las situaciones de dificultad empresarial tienen la misma gravedad. Se distingue entre insolvencia probable, insolvencia inminente e insolvencia actual, conectando cada fase con decisiones jurídicas diferentes. La reestructuración temprana pertenece al ámbito preconcursal, mientras que la declaración del concurso de acreedores se encuadra en el derecho concursal.

Esta diferenciación es relevante porque anticiparse puede ampliar las opciones disponibles.

Cuando la empresa todavía conserva margen de actuación, los planes de reestructuración permiten actuar sobre la deuda, el pasivo, el activo o la estructura financiera.

Cuando la insolvencia ya es actual, las posibilidades cambian y pueden activarse deberes legales específicos.

2. El preconcurso como herramienta de anticipación.

El preconcurso tiene como finalidad adoptar medidas que permitan reducir la carga financiera, disminuir el pasivo, fortalecer el activo o aliviar el cash flow de la sociedad. Su propósito es impedir la insolvencia y garantizar la viabilidad del deudor, evitando, cuando sea posible, la declaración del concurso.

Esta lógica preventiva convierte el preconcurso en un espacio de negociación ordenada. La comunicación del inicio de negociaciones al juez ofrece un blindaje relevante frente a ejecuciones sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad. Durante ese periodo, determinadas ejecuciones no pueden iniciarse o quedan suspendidas, lo que proporciona un margen para negociar con acreedores.

3. Planes de reestructuración: contenido y alcance.

Los planes de reestructuración permiten modificar la estructura operativa, financiera o de capital de la empresa. Entre las medidas posibles aparecen la ampliación o extensión de deuda, la modificación de vencimientos, la condonación parcial, la venta de activos, la venta de empresa o de unidades productivas, las modificaciones estructurales, los aumentos y reducciones de capital, las operaciones acordeón o la capitalización de deuda.

Su presupuesto subjetivo alcanza, con exclusiones específicas, a personas naturales o jurídicas que desarrollen actividad empresarial o profesional. El presupuesto objetivo se vincula a la situación de crisis: insolvencia probable, inminente o actual. En todo caso, la viabilidad económica ocupa un papel decisivo, especialmente cuando se pretende la homologación judicial del plan.

4. Insolvencia probable, inminente y actual.

La insolvencia probable se produce cuando sea objetivamente previsible que, si no se alcanza un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones en un plazo de dos años. Entre sus indicadores pueden aparecer el desbalance patrimonial, el capital circulante negativo, pérdidas de explotación sustanciales, retirada de apoyo financiero, pérdida de clientes o mercados clave, escasez de suministros o dificultad de acceso al crédito.

La insolvencia inminente exige prever que en los tres meses siguientes no se podrán cumplir regular y puntualmente las obligaciones. La insolvencia actual, por su parte, se refiere a la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles. No debe identificarse automáticamente con pérdidas contables, desbalance patrimonial o pérdidas cualificadas, ya que el análisis debe atender a la capacidad real de cumplimiento.

5. Viabilidad económica y continuidad empresarial.

La viabilidad no opera solo como una declaración de intención. En los planes de reestructuración exige que el valor de la sociedad en funcionamiento sea superior al que resultaría de su liquidación. Por tanto, el estado de crisis debe ser reversible y debe existir una perspectiva razonable de continuidad.

Esta idea conecta la protección de las negociaciones con un criterio práctico: si la empresa puede recuperar estabilidad mediante la reestructuración de deuda o capital, el marco preconcursal permite preservar valor. De ahí la importancia de valorar con rigor la situación financiera, el calendario de vencimientos, el impacto de las medidas propuestas y el trato a los acreedores afectados.

6. Aprobación, clases de acreedores y homologación.

El procedimiento de aprobación de un plan exige la formación de clases de acreedores. Pueden existir clases con garantía real, acreedores financieros sin garantía, proveedores comerciales ordinarios, acreedores públicos y laborales, subordinados o socios, entre otras. La aprobación depende de mayorías específicas: con carácter general, más de dos tercios del pasivo de la clase; en créditos con garantía real, tres cuartos.

La homologación judicial resulta necesaria cuando se pretende extender los efectos del plan a acreedores o clases que no hayan votado a favor, o a socios de una persona jurídica. También aparecen mecanismos de arrastre horizontal y vertical, siempre sujetos a requisitos legales y a controles como la prueba del interés superior de los acreedores.

7. Microempresas y concurso de acreedores.

En cuanto al procedimiento especial para microempresas, aplicable a quienes desarrollen actividad empresarial o profesional y cumplan determinados requisitos de plantilla, volumen de negocio o pasivo. Este procedimiento puede orientarse a la continuación o a la liquidación, en función de la situación de la empresa y de la viabilidad existente.

Cuando la crisis desemboca en concurso, adquieren relevancia cuestiones como la clasificación de créditos, la masa activa y pasiva, los créditos con privilegio especial o general, los créditos subordinados y los créditos contra la masa. Esta ordenación determina prioridades de cobro, derechos de los acreedores y efectos sobre la continuidad o liquidación empresarial.

En definitiva, la empresa en crisis requiere una lectura jurídica y económica coordinada. Anticipar la insolvencia, valorar la viabilidad y elegir correctamente entre reestructuración, procedimiento especial o concurso permite ordenar decisiones complejas con mayor seguridad. La clave no está solo en reaccionar ante el incumplimiento, sino en identificar a tiempo el grado de crisis y actuar con criterios claros.

Este artículo es un resumen de la sesión impartida por Marina Vázquez Esteban, Doctora en Derecho Mercantil en el Departamento de Derecho Mercantil y Procesal de la Universidad de Alicante, en el marco del Máster en Dirección y Gestión de Empresas, desarrollado por UNNIUN (El Club de las Buenas Decisiones) en la Universidad de Alicante.

Os compartimos el álbum de la sesión.

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